No hay marcha atrás.

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Por:Redacción SinSabor

¿Qué tema con verdadera relevancia nacional, escapa al Artículo 35 de la Constitución que prohíbe la posibilidad de que se celebre alguna consulta pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado?

9 ministros (de 11) votaron como improcedente la consulta.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional e improcedente la solicitud de consulta popular que presentó Morena sobre la Reforma Energética, al considerar que el Artículo 35 de la Constitución prohíbe la posibilidad de que se celebre alguna consulta pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado. Dicho artículo señala textualmente que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, así como la seguridad nacional y el funcionamiento de las Fuerza Armadas. Al parecer no hay manera de combatir  o retractarse de las decisiones que ya se tomaron para aprobar la Reforma Energética.

Todos los temas que se desprendan del Gobierno Federal, están relacionados. No se puede separar unos temas de otros como si fueran independientes. La llamada clase política, suma peras con manzanas, es decir, lo mismo valen licitaciones para desarrollar trenes bala que aviones presidenciales que exhiben la nueva clase doble “A” o clase alta dentro de la clase política.

La pregunta de Morena en su solicitud de consulta fue: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la exploración del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? Sin Juzgar la pregunta desde el punto de vista de la recaudación de opiniones con fines estadísticos, el cuestionamiento es justo.

Estamos ante el parche al hueco que tiene este sistema político y de administración pública. La clase política, incluida la nueva clase alta política, son servidores públicos. Quiere decir que el sueldo que perciben proviene de las contribuciones que hacen los ciudadanos con sus impuestos. Las contribuciones fiscales ponen la champaña y el pan sobre la mesa de la entera clase política. En teoría, dicho lo anterior, son nuestros empleados, y trabajan para nosotros. Todo esto es obvio, pero parece que no. El hueco está donde los diputados, representantes del pueblo, aprobaron las propuestas presidenciales en materia energética y se dice que esa afirmativa no representa el sentir de la mayoría. Si los diputados y senadores representan la voz del pueblo¿ para qué se necesita una consulta popular?

La respuesta es obvia. Los votos de los miembros del congreso, no representan lo que el pueblo quiere. Sinceramente yo no conozco la opinión del pueblo sobre cómo quiere que se administren sus recursos naturales. Hagamos un supuesto. Supongamos que la suprema corte de justicia no bloqueó la consulta popular sobre la reforma energética. Supongamos que se lleva a  cabo en tiempo y forma. Y supongamos que el resultado de dicha consulta resulta que la mayoría no deseaba una reforma energética encaminada a lo que se aprobó. ¿Qué lectura obtendríamos de es resultado? Lo primero y lo más importante sería que la voluntad del pueblo no está representada en ninguna de las 2 cámaras (Diputados y Senadores). El sistema ha fallado, ni la consulta popular entregaría la respuesta a un sistema que sostiene una clase política que no representa los intereses del pueblo. Por otro lado el resultado también exhibiría que el pueblo no quiere ceder el control de sus energéticos.

Esto es a lo que le tiene miedo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Organismo que ya no está para interpretar la constitución. Está para dar el argumento legal definitivo y concluyente a cualquier petición del ejecutivo. No quiero ser radical, pero lo que nos podemos ahorrar en sueldos si el Presidente dispone y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le otorga la razón. Nos podemos saltar el paso legislativo.

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