Chilpancingo: la normalidad de la violencia

Osamenta Ocotito  Lenin Ocampo

Por David Espino @reporteroerrant

La capital guerrerense sufre  53 muertos en menos de 2 meses pero hay algunos que viven para contarlo entre el blindaje de la policía estatal

 

El presidente de la Coparmex, Jaime Nava Romero, sube a su camioneta blindada. En uno de los asientos de atrás, atento, un hombre ceñudo, de lentes oscuros, lo vigila. Viene saliendo de una reunión del Consejo Ciudadano por la Seguridad y la Paz Social de Guerrero, del cual es miembro como dirigente empresarial. Hasta antes del 28 de enero, era común ver a Jaime caminar en el zócalo de la ciudad, solo, tal vez deprisa, o con el vicepresidente de la organización, Paco Osorio. Era fácil localizarlo o verlo en reuniones en diferentes partes de la ciudad.

—¿Tú también andas en una blindada? —le pregunté a la salida de la reunión donde el tema central fue la inseguridad y el clima de violencia que prevalece en Chilpancingo.

—Sí, mano; pero me la dieron después de tanto exigir protección —respondió sentado en el asiento del chofer, con las manos en el volante, en el estacionamiento del restaurante Toninos, donde se desarrolló la asamblea.

Aunque no lo mencionó, el vehículo blindado se lo proporcionó el gobierno del estado como medida de protección tras el intento de asesinar a otro dirigente de comerciantes, Pioquinto Damián Huato, el 28 de enero en cuyo atentado con cuernos de chivo, mataron a su nuera, Laura Rosas Brito, y su hijo Walter, salió herido de un brazo. Ahora, Pioquinto anda con un séquito de policías estatales, y para entrar a su departamento, en pleno zócalo del ciudad, hay que pasar al menos dos filtros policiacos que te revisan la ropa, la mochila, el celular… y  él determina, con credencial del IFE en la mano, si recibe o no a los visitantes.

Pudiera decirse que entre Jaime y Pioquinto hay marcadas diferencias. Jaime tiene menos de 40 años; Pioquinto rebasa los 60. Pioquinto, además es político (ha sido dirigente del PRI y diputado federal); Jaime, es la primera vez que sale a la vida pública. Pudiera decirse, pero no. Al menos tienen un punto en común: ambos han denunciado la violencia creciente en Chilpancingo, ambos han responsabilizado al gobierno de su crecimiento inusitado y de la impunidad con que actúa el crimen contra los sectores productivos de la población… y ambos se han acercado al líder de las autodefensas, Bruno Plácido Valerio, con quien platicaron sobre una eventual ocupación de la autodefensa en la capital.

Bruno es, además, dirigente de la Unión de Pueblos y Colonias del estado de Guerrero, una organización indígena creada en 2010 como una escisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de su Policía Comunitaria, fundada en 1995 en San Luis Acatlán. Bruno formó parte de la CRAC durante 10 años; en 2005 decidió separarse para dedicarse a la gestión de ejes carreteros para los pueblos colindantes entre las regiones Montaña y Costa Chica. “La CRAC —me dijo en una entrevista que le hice en Chilpancingo— se quedó en el tema de la seguridad y era necesario ver también por el desarrollo de los pueblos”.

—¿En qué momento deciden, entonces, volver a las armas? —le pregunté.

—El 5 de enero de 2013 secuestraron a uno de los nuestros compañeros (el comisario de Rancho Nuevo, Eusebio Alvarado García) en Ayutla y entonces vimos que teníamos que responder a las agresiones físicas que estábamos sufriendo y decidimos brotar como autodefensa. Pronto nos dimos cuenta que la inseguridad no era un problema de Ayutla sino de todo el estado. Un mes después formamos lo que hoy es el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano y la Policía Ciudadana, como una forma de normativizarnos.

Con la experiencia acumulada en la CRAC, la UPOEG se extendió rápido como grupo de autodefensa. El 5 de enero de 2013 irrumpen en Ayutla de los Libres, cinco días más tarde avanzan a Tecoanapa y durante ese mes ocupan también San Marcos, Cruz Grande, Copala, Marquelia y San Luis Acatlán. Luego, el 25 de marzo entran a Tierra Colorada, un municipio importante que une tres regiones, Centro, Costa Chica y Acapulco. Y tres meses después, el 12 de junio, saltan a Acapulco, por medio de su población más grande: Xaltianguis. A un año de su irrupción, la autodefensa de Bruno está en 13 municipios, incluyendo una decena de pueblos del valle de Chilpancingo, la capital de Guerrero, a donde incursionó el 23 de enero.

 

La violencia y la inseguridad en Chilpancingo se puede resumir en una cifra: 53 asesinatos en menos de dos meses, entre el 1º de enero y el 24 de febrero, casi uno diario desde que inició 2014. De éstos, 11 de las víctimas fueron levantadas y siguen sin aparecer. Hubo persecuciones en las calles, entre delincuentes, entre policías y delincuentes, y entre delincuentes y policías. Ejecuciones sobre todo de chicos y enfrentamientos sangrientos en la vía pública. Aunque eso sólo sería un dato, el contexto es el siguiente…

Luego luego, empezando el año, el primero de enero, Francisco Ramón Vela y Jesús García Remigio, dos chicos de 17 y 15 años, fueron ejecutados con pistolas 9 milímetro y sus cuerpos arrojados en una calle del centro de la ciudad, afuera de un edificio de oficinas de gobierno, con las manos atadas sobre la espalda y su cara envuelta en cinta industrial. De los asesinatos, el jefe policiaco dijo un día después que ambos formaban parte de la una banda de ladrones de casas habitación. El padre de una de las víctimas reclamó el cuerpo de su hijo a la morgue y se fue de la ciudad.

El 2 de enero, Martiniano Salmerón Ríos, de 61 años, fue asesinado, descuartizado y su cuerpo metido en un costal y arrojado en las inmediaciones de Julián Blanco, poblado cercano a Chilpancingo. El 5 de enero, el abogado Adrián Villalobos Arellano, de 41 años, fue ejecutado afuera de la cárcel cuando salía de visitar a un familiar junto con su familia. Los asesinos fueron dos hombres, uno de unos 18 años y otro como de 28, que, según informes policiales, fueron detenidos al enfrentarse con los policías que vigilan la prisión. Ese mismo día fue hallado el cadáver de un hombre de cerca de 30 años con medio cuerpo enterrado en un paraje en las afueras de la ciudad. En el lugar se hallaron tres cascajos de pistola 9 milímetro.

El 11 de enero, un hombre de unos 50 años fue ejecutado y arrojado en la periferia de la ciudad. Vecinos que pasaban por el lugar dieron el aviso y el Forense levantó el cadáver sin que nadie lo identificara. En los apuntes de los médicos sólo se anotó que vestía una camisa morada, pantalón gris de gabardina, cinturón y zapatos cafés. Tenía escaso pelo al frente y cabello largo amarrado en cola de caballo hacia atrás. Y que medía 1.60 de estatura. Dos días después, el 13, un joven de 17 años asesinó a su esposa, también de 17, y luego, con la misma pistola, se disparó en la cabeza. Ambos cuerpos quedaron tirados en el cuarto donde vivían, en una colonia de la periferia de la ciudad.

Y en medio de todo, el jefe policiaco Roberto Antonio García Bello aceptó ante reporteros, el 18 de enero, que la cuarta parte de sus policías (no dio la cifra exacta) había reprobado la certificación en los exámenes de control y confianza.

El 20 de enero, un indigente de unos 35 años fue degollado en una avenida cercana a la residencia oficial del gobernador. Al siguiente día, fue ejecutada una mujer de nueve disparos calibre 9 milímetros, ocho de los cuales se los dispararon en el estómago y otro en el lado derecho del pecho. Tendría 30 años y su indemnidad no se conoció. Su cuerpo quedó tirado en una barranca llamada Las Calaveras, en la colonia CNOP, muy cerca a una escuela primaria. El 25 de enero se conoció que un grupo de hombres armados levantaron a cinco carniceros del mercado central. La policía lo negó y dijo que había sido un falso rumor, pero se trató de información proporcionada por los comerciantes que pidieron conservar el anonimato.

Al siguiente día, otro comando en una caravana de tres camionetas entró al poblado vecino de Chichihualco, de donde, según los vecinos, se llevaron a seis hombres. La incursión ocurrió entrada la tarde y salieron del pueblo hasta las 9:00 de la noche. Una agencia de noticias aseguró que las víctimas pertenecían a un grupo delictivo y que fueron sus contras quienes se los llevaron.
Pioquinto
Pioquinto mira la credencial de elector; mira a su asistente. “¿Quién es?”, le pregunta. “¡Ah, pas’que si es mi amigo, hazlo pasar”. Estamos en la última parte de la entrevista. Cuando entré a su edificio me recogieron mi identificación y una Victorinox cuya navaja sirve más para cortar las uñas que para descascarar una naranja.

—¡Pásale, David! —me dijo con tono de ser viejos conocidos.

En la entrevista le pregunté sobre el atentado que sufrió el 28 de enero, donde murió la mujer de su hijo y éste fue herido. Dio detalles, se paró de su asiento y emuló el ataque. Repitió los ¡Dios bendito!, ¡Dios padre! ¡Dios hijo! de una acompañante que iba con él en el asiento de atrás junto con su actual esposa, y de cómo dios es grande porque lo salvó de una muerte segura. Repitió lo que ha estado diciendo desde esa fecha: que fue el alcalde Mario Moreno Arcos quien lo mandó matar.

—¿Cómo está tan seguro? —le inquiero.

—No hay de otra, nadie más sabía el carro en el que viajaba. ¡Si me salve por un pelo!

—¡Milagro! —interviene su visita, un político en decadencia que en sus mejores tiempos fue diputado local por el PRI, que ya está instalado en uno de los sofás mullidos.

Pioquinto ahora se mueve con extrema vigilancia, si es que sale de su casa, que está en el tercer piso de un edificio construido a unos pasos del palacio municipal. Sus manos son tan pálidas que parecen transparentes, su cara misma parece la de un fantasma. Se lo digo.

—¡Pues es que no salgo! Estoy prácticamente en arresto domiciliario. Si me asomo medio minuto al balcón, es mucho —dice.

El día que lo atacaron venía de El Ocotito, poblado de Chilpancingo ubicado sobre la carretera federal a Acapulco, donde el viernes 23 unos mil integrantes de la autodefensa armada que comanda Bruno Plácido ingresaron a petición de los pobladores. El movimiento de inmediato concitó la simpatía de los sectores clasemedieros de Chilpancingo y de las organizaciones que los aglutinan, Coparmex, encabezada por Jaime Nava Romero, y Canaco, cuyo dirigente honorífico es Pioquinto. Ese día, el 28 en la noche, de allá venía, de una asamblea de pobladores donde encaró al alcalde Mario Moreno Arcos, que días antes reprochó a Bruno no haberlo consultado sobre el ingreso de sus grupos a uno de los pueblos más grandes del municipio.

—Fueron cuatro camionetas… mira, primero nos tiraron del lado izquierdo, del lado del chofer, pero mi’jo que venía manejando, le echó el carro y neutralizó ese carril. Entonces, se nos emparejaron por el lado derecho y empezaron a disparar. Nos detuvimos y todavía se bajaron dos tipos y nos empezaron a rafaguear. Fueron más de 120 disparos ¡pom, pom, pom, pom! que le dispararon a mi nuera pensando que era yo… y sólo dos le dieron, uno en la pierna y otro a un costado, que fue el que la mató.

—Y usted ¿qué hizo en ese momento?

—Me tiré. Yo iba en medio, con mi mujer al lado y otra amiga que iba del lado de copiloto. Le grité a mi mujer ¡tírate, agáchate! Mi amiga se me aventó encima para protegerme con su cuerpo, claro en caso de que le hubieran dado la atraviesan y me pasan a dar a mí.

—¡Es un milagro! —interviene su visita.

—¡Es un milagro! —asiente Pioquinto.

—Entonces ¿usted cómo escapa?

—Nosotros… mi mujer le gritaba a mi’jo: “!avanza, Walter, avanza¡”. Pero Walter tuvo el tino de bajar, de bajarse, y esconderse entre los carros. Recibimos tres ataques: del lado izquierdo, de la parte de atrás y luego por el lado derecho. Ahí es donde mi mujer gritaba: “!avanza, Walter, avanza¡”, y luego tuvo el aplomo de buscar su teléfono y le habla al Ejército, manda mensajes a los periodistas: “Nos están atacando”. Luego, cuando llego a las instalaciones del Ejército ya me estaban esperando.

—Eso fue cosa de dios, es algo que está lejos del entendimiento de los hombres —vuelve a decir el hombre que lo visita.

—No sé lo que pasó, lo único que sé es que aquí estoy y que mejor me voy a ir del país.

De todo esto, Pioquinto sólo tuvo pequeñas excoriaciones por los vidrios que se desbarataron como migas de pan. Entre sus ropas, Karen, su mujer, le halló un fragmento de una esquirla, y ella tuvo un rozón en una pantorrilla que le valió cuatro puntadas.

 

Tras el atentado contra Pioquinto, que movilizó a la gente de la ciudad en una marcha por la paz y la tranquilidad y que atrajo la atención del gobierno de la República (ahora, según anuncios oficiales, será el Ejército y la Policía Federal los que se encargará de la seguridad en Chilpancingo) siguieron los hechos de violencia. El 30 de enero, dos días después, Crecencio de la Cruz Hernández fue asesinado afuera de su casa, en la colonia El Encanto cuando, según reportes policiales, se resistió a que dos hombres se llevaran su vehículo. Al día siguiente un hombre fue asesinado de dos tiros calibre .223 milímetros, de los que usan los rifles AR-15, en la cabeza y arrojado en las afuera de la ciudad, en la carretera que lleva al municipio de Tixtla.

El domingo 2 de febrero, fue ejecutado Fausto Martínez Moctezuma, trabajador de Obras Públicas del ayuntamiento de Chilpancingo, en Xocomatlán, junto con otro hombre cuya identidad no se conoció. En el ataque, los hombres armados, disfrazados con uniformes militares, los despojaron de la camioneta en la que viajaban. Al día siguiente, efectivos de la autodefensa encontraron una fosa clandestina en con dos osamentas y un cuerpo cercenado en Cajeles, pueblo cercano a El Ocotito, ocupado por éstos el 23 de enero. La Procuraduría intentó desmentirlos y dijo que habían sido los huesos de algún animal. Al día siguiente, la autodefensa presentó los restos humanos en los que se apreciaron dos cráneos.

Y la madrugada del 7 de febrero, José Guadalupe Pérez Morales, de 21 años, fue ejecutado adentro de una taquería a la que se metió intentado salvar su vida. José corrió por varias calles de la colonia El Amate, huyendo de quienes intentaban asesinarlo, y cuando vio la taquería entró corriendo, para protegerse entre los consumidores. Los sicarios entraron hasta el lugar y les dispararon siete veces con pistolas calibre 38 súper delante de todos; luego salieron de prisa. Más tarde, un grupo delincuencial denominado La Empresa ejecutó con AR-15 y pistolas 9 milímetros a un chico para luego dejarlo en la plaza Unidos por Guerrero, un paso muy concurrido en la ciudad.

El cuerpo fue hallado por los transeúntes a las 7:00 de la mañana. Los primeros en pasar, alcanzaron a leer una cartulina con un mensaje que decía: “esto les va a pasar a ratas, secuestradores, extorsionadores, violadores y pone dedo. Atte La Empresa”. Su cara estaba cubierta con su misma playera, su torso desnudo y sus manos atadas con cinta canela. En su pecho con plumón tenía inscrito otro mensaje: “Me pasó x dedo”.

El 9 de febrero mataron a Osvaldo Manzanárez Barragán, de 20 años, en un bar a donde estaba con un acompañante al que también asesinaron pero del que no se conoció su identidad. Un chico más, Francisco Castro, resultó herido. Los tres salían del antro cuando fueron atacados desde un taxi que se paró frente a ellos para detenerlos y enseguida atacarlos. Al siguiente día en la noche, vecinos de las colonias Jacarandas, Guerrero 200 y 20 de noviembre, ubicadas en el sector oriente de la ciudad, reportaron a la policía una percusión en automóviles desde los cuales los tripulantes se disparaban. La balacera fue confirmada después por la corporación.

El mismo 10, un hombre de 25 años fue ejecutado y arrojado con los pies y manos atados con cinta industrial, en una barranca de la colonia El Huajal, con marcas de tortura. La misma suerte corrió Francisco Ramírez Flores, un adulto de 74 años que fue asesinado a escopetazos el 12 de febrero. Su cuerpo fue hallado en la barranca Tecoanapa, en la colonia Atlitenco, al sur de la ciudad.

Y el 15 de febrero en Zumpango, una población a unos 15 minutos de Chilpancingo, ocurrió un enfrentamiento entre policías federales y miembros del cártel de Los Rojo en el que murieron cuatro de este grupo, y dos federales fueron heridos, así como una transeúnte. La balacera fue en la mañana, en una calle del centro de la población. Los vecinos que vieron dicen que fueron los sicarios quienes al salir de un bar intentaron sorprender a los agentes y éstos repelieron la agresión. Dos días después, una patrulla de la policía federal fue atacada a balazos desde un automóvil compacto en una calle lateral a la Autopista del Sol, al sur de la ciudad. Los federales evitaron el enfrentamiento y no hubo heridos ni muertos.

No ocurrió lo mismo el miércoles 19 en la noche, cuando Rodrigo Nava Adame y Ricardo Rivera Casarrubias, de unos 20 y 22 años, fueron ejecutados tras una persecución por la avenida Los Gobernadores, de la colonia Almolonga. Con seis días de diferencia, luego del enfrentamiento en Zumpango, ocurrió uno más, apenas el viernes 21, pero ahora en Mezcala, cercano también a Chilpancingo. En la balacera, que duró más de 20 minutos entre grupos rivales del narco, murieron cuatro hombres, de los cuales dos quedaron calcinados. Cuando llegó la policía, sólo encontró los cadáveres de entre 20 y 40 años esparcidos en el asfalto y más de cien cascajos de diferentes calibres, sobre todo .223 y 9 milímetros, regados en un amplio radio del área del enfrentamiento.

El domingo 23, un hombre fue hallado asesinado a balazos en una casa abandonada en la colonia Reforma. El cuerpo de quien se desconoce su identidad estaba envuelto en una cobija. Y el lunes 24 hubo seis muertos en lugares cercanos a la capital. Sergio Ortiz Jaime, César Ortega Martínez y Jorge Aranda Bahena, los dos primeros de 17 años y el tercero de 20, fueron hallados muertos en la carretera federal a unos metros de Xalitla, poblado vecino de Chilpancingo. Los tres tenían marcas de tortura y el tiro de gracia. Cuando los reclamaron en el forense su familia declaró que los chicos habían ido a un baile a la ciudad de Iguala. Los otros tres muertos fueron hallados por la autodefensa, enterrados en una fosa clandestina en Dos Caminos, otro pequeño poblado de la capital del estado.

 

A partir del atentado contra Pioquinto, Jaime se ausentó un par de semanas de Chilpancingo por temor. Reapareció hasta ese miércoles 19 en la junta de su sector donde aprovecharon que había dos diputados como invitados para reclamarles la pasividad del Congreso ante hecho que estaban costando vidas. Los diputados dijeron que están trabajando y que ellos también tienen temor y están de acuerdo en que si una autoridad no puede con su responsabilidad que se renuncien. Pero son ellos quienes pueden renunciarlos.

Jaime tiene una convicción y es que si las cosas han llegado hasta donde han llegado en Chilpancingo es por la falta de interés del gobierno.

—Un año y medio buscamos por la vía formal acercarnos al gobernador para plantearle nuestra preocupación por la inseguridad y nunca nos dio respuesta —dice.

—¿Y luego se acercaron a Bruno Plácido?

—Fue hasta entonces que el gobierno nos regresó a ver.

—¿Cómo fue ese acercamiento, mucho antes de que la autodefensa que él comanda se acercara a Chilpancingo?

—Cuando vimos que nadie estaba interesado por lo que estaba ocurriendo vimos a Bruno, y te lo digo en serio, como un Robin Hood en medio de esta jungla urbana. Y nos acercamos a él para ver si así el gobierno se daba cuenta que estábamos desesperados.

—Y funcionó…

—Sí, ahora he tenido reuniones hasta con el director general del Centro de Seguridad e Inteligencia Nacional.

Jaime tiene una empresa de publicidad e impresión y hace no más de medio año que asumió como presidente de la Coparmex. Desde ahí, asegura, conoce casos de empresarios que han sido extorsionados y que han optado por salir del estado; conoce casos de empresarios que siguen siendo extorsionados pero que no quieren abandonar el estado porque todo lo que tienen está aquí. Conoce casos de empresarios que han sido secuestrados o cuyos hijos han sido secuestrados, han pagado cientos de miles de pesos y muchos han quedado en la ruina.

—Y todo en medio de la omisión del gobierno. Entonces cuando un grupo como la autodefensa toma partido, entra a una zona a tratar de restablecer el orden, se alarma, como de manera curiosa, no se alarma cuando ocurre toda clase de delitos contra uno de los sectores más productivos de la sociedad.

—¿Cuál es el riesgo?

—Que nos convirtamos en un Estado fallido, que caminemos de manera irremediable hacia esa condición y que los responsables no se den cuenta.

—¿Tanto?

—No veo autoridad por parte del gobierno.

Jaime dice que apenas se reunió también con el director del Inegi, Eduardo Sojo Garza Aldape, y que le confirmó un dato que él ya conocía: que 39.5 por ciento de la clase empresarial de Chilpancingo ha sido, de algún modo, afectado por la delincuencia organizada.

—¿Pero diferentes voces desde el gobierno dicen que no pasa nada, que se trata de alarmismo?

—Decir eso es sólo una estrategia de publicidad. El de Aguirre es un gobierno mediático, pero para afuera. Necesita cambiar de actitud. El gobierno del estado tiene que dejar de ser una empresa familiar.

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