Al menos 300 familias en Iguala reportan un desaparecido

Redacción 

Iguala, cerro del Tigres

“Te vas a arrepentir toda tu vida”, le dijeron por teléfono a Mayra cuando informó a los secuestradores de su hermano que no conseguiría los 300 mil pesos de rescate; Tomás Vergara, un taxista de 41 años de edad, desaparecido el 15 de julio de 2012, en Iguala, Guerrero, un caso de por lo menos 300 registrados en la comunidad.

Junto con un grupo de comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), buscan espacios “donde la tierra se ve suelta” y los marcan con una bandera roja: Los familiares de los “otros” desaparecidos de esta ciudad se han vuelto, por necesidad, expertos en la detección de fosas en el Cerro del Tigre, en la colonia Pueblo Viejo.

De un árbol cuelga el vestido de una niña y junto a la ficha amarilla número tres, en el piso, hay una dentadura de un cuerpo que posiblemente fue enterrado ahí hace dos años, explica Miguel Ángel Jiménez, coordinador de la UPOEG en Iguala.

Para llegar a la zona “que parece un cementerio”, como Mayra misma describe, hay que subir un camino de terracería que inicia en el periférico norte, unos metros después de una barda en la que se lee “Estamos transformando Iguala, ciudad con historia” firmada por el Lic. José luis Abarca.

Dentro de la escena también hay restos de botellas de jarabe para la gripa, para evitar que la tos de un secuestrado o secuestrador delate un “campamento” en medio del cerro, explican.

Mayra no sabe si su hermano está en alguna de esas fosas, pero está segura que “es alguien que tiene que regresar a casa'”.

El ultimo fin de semana encontraron al menos 50 posibles fosas, explica Mayra, quien avisa junto con la UPOEG a la Procuraduría General de la República (PGR) y si ellos encuentran restos humanos, se les llama fosa.

“Estamos acostumbrados y sobre todo estamos dispuestos”, dice Jiménez, quien asegura que algunos operativos de rescate de secuestrados en la zona han sido cancelados por la Policía Federal y la PGR, debido al alto riesgo que implican.

El día de ayer, dos de diciembre, un comité de familiares se reunió con el director de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Joaquín Torres, para atender el tema de las solicitudes de estudios de ADN, al momento no se han hecho públicos los acuerdos.

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